Una delegación de San Juan Cañaris, comunidad indígena quechua ubicada en Lambayeque, llegó a Lima este 16 de junio para hacer un plantón en la Plaza San Martín. La protesta fue para exigir que el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones anule todas las concesiones mineras que hay en sus territorios que, de acuerdo a lo que denuncian, se otorgaron sin consentimiento alguno.
La oposición de esta comunidad a cualquier actividad extractiva realizada en su territorio, esta basada en que ven a la minería como una amenaza a todos los ecosistemas de sus bosques de neblina y a un peligro de contaminación de la cabecera de la cuenca del río Kañaris. Además, temen que perjudiquen todas sus actividades agrícolas y sus recursos hídricos que se dedican a abastecer toda esta región.
Rosa Sara Huamán, lideresa de la comunidad, señaló que quieren que el Estado deje de despojarlos de sus territorios y declare la nulidad de las concesiones mineras que fueron otorgadas a la empresa minera, porque temen que provoquen irreversibles daños ambientales a sus bosques, animales, suelos, ríos, plantas, poniendo en riesgo su existencia como un pueblo indígena.
Los comuneros reclaman también el respeto a una consulta previa, como lo determina el Convenio 169 de la OIT, firmado por el Estado peruano. Ese instrumento protege a las comunidades para que respeten su autonomía e identidad cultural.
El geoportal de la organización CooperAcción reveló que Cañaris tiene concesionado el 74% de su territorio. Eso equivale a 21 757.95 hectáreas, que están distribuidas en 39 concesiones mineras tituladas y 6 que están en trámite.
Los comuneros de cañaris mandaron un memorial con todas sus demandas a Aníbal Torres Vásquez, presidente del Consejo de ministros, el 10 de junio, donde reclamaron el derecho a la consulta previa, al estar reconocidos como una ‘comunidad de indígena’, de acuerdo a la Resolución Suprema N° 54, que emitió el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas el 10 de octubre del año 1956.
Este 16 de junio, tenían previsto una reunión con la parlamentaria Ruth Luque y la Comisión de Pueblos Andinos del Parlamento. En las conversaciones participan también representantes de Cajamarca y Piura. Junto a estas, comunidades campesinas de otras regiones comparten algunas denuncias similares por la presencia de mineras dentro de sus territorios. Esas comunidades se articularon en la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú.
Las organizaciones han denunciado que las concesiones que fueron otorgadas a empresas extractivas en territorios de la comunidad campesina San Juan de Kañaris, comunidad campesina de Yanta, comunidad campesina Segunda y Cajas y de la comunidad campesina de Perlamayo Capilla – Chugur, están ubicadas en las cabeceras de cuenca que se dedican a abastecer de agua a las poblaciones de la ciudad y campo.
El 30 de setiembre del 2012, ciudadanos de los 38 caseríos de San Juan de Cañaris, participaron en un proceso democrático promovido por su asamblea comunal para poder decidir si estaban o no de acuerdo con la instalación del proyecto minero ‘Cañariaco’, que sería operado por Candente Copper. El proceso tuvo un resultado del 96.9% de votos contra el proyecto minero.
A partir de ese suceso, los comuneros empezaron a organizarse para que el Estado reconozca su decisión. Es así que el 20 de enero del 2013 decidieron convocar a un paro indefinido.
El paro duró 03 días y el más crítico fue el 22 de enero, cuando la represión policial causó que más de 20 comuneros resultaran heridos por diversos impactos de perdigón. En el 2013, la comunidad logró que suspendieran temporalmente el proyecto.
