Un informe de la Fiscalía de la Nación ha comprobado que la Policía Nacional, a través de su Dirección en contra de la Corrupción, no cumplió con su trabajo de videovigilancia a Juan Silva Villegas, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, afirmaron así que eso habría provocado que no lograran ubicar al exfuncionario y pudiera fugarse.
Como se sabe, el exministro se mantiene prófugo desde el 7 de junio, cuando no pudieron ubicarlo tras dictarse una orden de detención preliminar. La justificación de Dimitri Senmache, titular del Ministerio del Interior, fue que el proceso de videovigilancia requerido por la fiscalía no implicaba realizar un seguimiento. Lo mismo sostuvo el general Freddy López Mendoza, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional.
No obstante, un informe de Samuel Rojas Chávez, fiscal adjunto y supremo coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, indicaría todo lo contrario.
En el documento que fue enviado a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, Rojas le explicó que el 27 de mayo recibió al coronel Enrique Huasasquiche López, jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección contra la Corrupción, y al comandante PNP Vladimir Bellota Rojas. Con ellos, conversó sobre la estrategia de videovigilancia, que se terminó ordenando ese mismo día.
Los oficiales le dijeron que se encontraban en condiciones de ejecutar esa medida y que la parte operativa se realizaría en coordinación con la División de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia. El oficio del fiscal Rojas apunta que tuvo comunicación con Huasasquiche, desde que salió la disposición, para pedirle información sobre el paradero del exministro y por dónde se movilizaba.
Sin embargo, el fiscal adjunto supremo señala que, en las respuestas de la Policía Nacional, se les informaba que no lo tenían físicamente ubicado, pero que se encontraban haciéndole un seguimiento digital al objetivo, el mismo que era un proceso de inteligencia.
El texto expresó que la limitante de ese procedimiento de inteligencia se basaba en la inexactitud de la información acerca de la ubicación real del exministro, pues el nivel de precisión se restringía, como se les decía, a un rango de 08 manzanas.
Al no obtener un informe escrito sobre el resultado de videovigilancia, así como por la decisión de solicitar la detención preliminar de Juan Silva, el 3 de junio se pidió de manera verbal a la autoridad policial que presentara un informe sobre la videovigilancia. Al siguiente día llegó un oficio policial, pero reportaron solo acciones de verificación de inmuebles con fotos de este 03 y 04 de junio.
En el informe policial se decía que, hasta el término de esas diligencias, no se advirtió la presencia física del investigado; lo que certifica que no conocían la ubicación de Juan Silva desde inicios de junio. Eso a pesar de que el fiscal conversó con los encargados para que siguieran todos sus movimientos y que la orden fue dictada desde el 27 de mayo. Ante eso, Rojas consideró que las acciones ineficaces de inteligencia complicaban una solicitud de allanamiento de inmuebles del exministro Silva, por lo que este 4 de junio la fiscalía le pidió al Poder Judicial la detención preliminar del exfuncionario. Ese mismo día, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó su detención.
La fiscalía había planeado citarlo también el 6 de junio para que pudiera ampliar su declaración sobre la investigación, pero con la real expectativa de lograr una orden de detención preliminar. El exfuncionario nunca llegó y el fiscal Rojas citó al coronel Huasasquiche a su despacho, para informarle sobre la detención del exministro Silva.
Ese día, Rojas solicitó también por escrito que se informara detalladamente acerca de la ejecución de la medida porque no recibió información reciente de esa videovigilancia.
Se sabe que las últimas ocasiones que Silva fue visto públicamente fueron el 24 de mayo, cuando fue a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, y el 1 de junio, en una entrevista con radio Exitosa en vivo. Además, el 06 de junio solicitó que le retiraran el resguardo policial que como exministro le correspondía; pero, de acuerdo con el documento, el fiscal Rojas no habría sido informado al respecto por la Dircocor, sino que que se enteró de ese pedido por medio de información pública.
El 07 de junio, el despacho del fiscal de la Nación decidió formalizar ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la orden de ubicación y captura de Juan Silva Villegas, ya que la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dircocor estaba en imposibilidad operativa de cumplir con la orden de detención del Poder Judicial.
Finalmente, Rojas resaltó en su informe que, desde que iniciaron las coordinaciones con la policía, era muy evidente que podían suscitarse circunstancias que podían afectar la efectividad de actos de investigación y aseguramiento procesal de los involucrados. Eso especialmente porque el mandatario Pedro Castillo es funcionalmente el jefe supremo de las fuerzas policiales.
De esa forma, el fiscal adjunto supremo concluyó que decidieron compartimentar la información suministrada a la autoridad policial, limitando así su acceso y dándole responsabilidades concretas; pero esas no fueron cumplidas debidamente.
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