Aníbal Torres Vásquez, presidente del Consejo de Ministros, anunció el 07 de abril que, en el contexto de la economía social de mercado, el Poder Ejecutivo va a presentar en el Congreso un Proyecto de Ley para que la Constitución prohíba, de manera expresa, los monopolios, oligopolios y otras posiciones dominantes que puedan repercutir en la fijación de precios de productos.
A lo largo de la inauguración del IV Consejo Descentralizado de Ministros, en Huancayo – Junín, el premier explicó que esa propuesta quiere frenar que los centros de poder económico fijen precios elevados, afectando a la población.
En esa línea, manifestó que presentarían al Congreso un Proyecto de Ley para que se prohíban en la Constitución los monopolios, oligopolios y posiciones dominantes, porque ciertos centros de poder económico son los que establecen los precios altos, ellos se llenan ilícitamente los bolsillos con el dinero de los más pobres, no lo hacen decentemente.
Y en efecto, la tarde del 08 de abril, la iniciativa entró a la mesa de partes del Congreso de donde pasará a la Comisión de Constitución y Reglamento, la que tendrá que debatir y elaborar el pre-dictamen y si supera esa fase se elevará al Pleno, donde deberá obtener los 87 votos necesarios, para cambiar un artículo de la Constitución, en 02 legislaturas o 66 votos más referéndum, detalló Alejandro Rospigliosi, constitucionalista y exvicepresidente del Tribunal de Indecopi.
La propuesta legal propone modificar el artículo 61 de la Constitución con el propósito de fortalecer el accionar del Estado para poder garantizar la libre competencia.
De esa manera, el Estado quiere imponer sanciones administrativas, penales y civiles a los agentes económicos que incurran en esas prácticas que puedan afectar la competencia libre y real.
La iniciativa legal está justificada en la necesidad de determinar obligaciones concretas desde la Constitución para que el Estado asuma una posición mucho más firme en la defensa de la libre competencia que a su vez supone la defensa de derechos e intereses de la población que es la que consume todos los bienes y servicios del mercado.
Además, apunta que si bien existen actualmente diferentes normativas orientadas a combatir situaciones que atentan contra la competencia libre en el mercado, es necesario resaltar que por distintos motivos esas medidas resultaron ineficaces o insuficientes.
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