A lo largo de las protestas en contra del proyecto minero de Southern Copper, en Arequipa, los policías no solo estaban representando a las fuerzas a cargo de velar por el orden público, sino que también defendían a la compañía Southern Copper, propiedad de la transnacional Grupo México, pues algunos agentes de la institución policial habrían recibido pagos de dicha empresa por brindarles seguridad privada, para protegerlos de los pobladores que se oponen a sus operaciones.
Esta práctica es muy común en nuestro país y sucede con diversas empresas de diferentes sectores como el minero o el de hidrocarburos.
En diciembre del 2010, Southern Copper firmó un Convenio de Prestación de Servicios Extraordinarios con la Dirección Territorial Policial de Arequipa, por el que la empresa obtenía el servicio de 15 agentes policiales por un año, para dar seguridad en unidades mineras de Arequipa como Tía María, Virgen María, Malena y Chanca, además de en las propiedades de esta empresa en Cocachacra, epicentro del conflicto social que comenzó hace 12 años.
Este es uno de los convenios de protección y seguridad numerosos entre empresas extractivas y la Policía suscritos en los últimos 17 años, según los documentos que obtuvieron Convoca.pe y CONNECTAS, por medio de solicitudes de información al Estado, por medio de la Ley de Transparencia.
Dicha investigación analizó un total de 181 convenios y adendas firmados a lo largo de todo el país, entre febrero del 2003 y mayo de este año, que evidencian cómo trabaja la institución policial para proteger a compañías mineras y petroleras que tienen conflictos con los pueblos de los Andes y la Amazonía de nuestro país.
De acuerdo con los cálculos hechos, basados en la información de los “convenios de cooperación”, Yanacocha habría pagado a la Policía un total de S/.4 millones 678 mil, por un convenio de seguridad y una adenda, que estuvo vigente entre el 2017 y el 2020, que incluía 26 guardias de seguridad al día para cuidar su unidad minera; convirtiéndose en la empresa que más dinero pagó por estos servicios a la policía.
Sigue en el ranking Southern Copper, que firmó 11 convenios de seguridad para las unidades ubicadas en el sur de nuestro país; 3 de ellos aún están vigentes, para brindar seguridad en las zonas en las que están sus proyectos, como Tía María localizada en Arequipa; Toquepala, en Tacna; y Cuajone ubicada en Moquegua.
Southern Copper pagó a la policía S/.1 millón 530 mil 470 solo en convenios que ya caducaron, por los 3 vigentes, pagará una suma de S/.2 millones 86 mil 106 adicionales; uno de ellos es para resguardar el proyecto Tía María, que es rechazado por los agricultores.
En esta lista también están la Compañía Minera Antamina, la petrolera china CNPC Perú, la Sociedad Minera Cerro Verde y la Minera Las Bambas.
Como se recuerda, desde el 2011, Las Bambas tiene un conflicto con las comunidades localizadas en el Corredor Minero del Sur, que atraviesa un total de 37 comunidades campesinas quechuas pertenecientes a Apurímac, Cusco y Arequipa.
Un importante número de los convenios demuestra que las mineras y petroleras preferían los servicios de cuerpos policiales de élite; entre el 2003 y el 2016, 20 compañías solicitaron en 38 convenios a la Policía Nacional, que los efectivos pertenezcan a divisiones de la Dirección de Operaciones Especiales, entre ellas DINOES, DIROES y DIVOES, unidades de la más alta capacitación en el cuerpo de la policía.
De acuerdo con los agentes que proporcionaron seguridad en este tipo de convenios y que prefieren quedar en el anonimato, las empresas extractivas como las mineras, piden el servicio de policías que laboran en zonas de emergencia porque tienen una alta especialización en patrullaje en las zonas de conflicto, acciones antiterroristas y de inteligencia, e incluso acciones de infiltración.
Al momento de revisar los convenios se encontró que la Policía recibió al menos S/.73 millones 500 mil soles solo entre el 2003 y el 2020, por otorgar servicios de seguridad y protección a 43 empresas del sector extractivo, monto que podría ser mayor, porque 30 acuerdos no tienen información completa acerca del pago a los agentes.
